En los últimos meses se ha alertado sobre la aparición de personas y supuestas organizaciones que ofrecen intermediación ante entidades públicas para acceder a programas de financiación con recursos públicos. Estas prácticas incluyen la solicitud de información institucional y personal, la firma de acuerdos de confidencialidad, el cobro de cuotas por gestión e incluso la oferta de beneficios indebidos a funcionarios. En algunos casos, estos ofrecimientos vienen acompañados de listados de beneficiarios previamente definidos, lo que genera serias preocupaciones sobre su legitimidad.

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