Al inicio del nuevo gobierno, cuatro asuntos de especial interés concentran la atención de las cooperativas. 1. Plan Nacional de Desarrollo – PND, 2. Proyecto de ley de financiamiento, 3. Fortalecimiento de la bancada parlamentaria cooperativista y, 4. Fortalecimiento del sistema de supervisión y control estatal. Por razón de espacio, sólo me referiré en este artículo al primero de los asuntos mencionados.

Ante la expectativa de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo – PND, Confecoop preparó una propuesta con los lineamientos de política pública que el sector considera necesarios para avanzar en el fortalecimiento y consolidación de las cooperativas y alcanzar un mayor grado de profundización de estas organizaciones en todo el país y en más sectores de la economía, cuyo Gran Propósito, objetivos, estrategias y líneas de acción hemos comentado en estas páginas y difundido ampliamente durante todo el año.

Al momento de escribir esta nota, hemos conocido el documento Bases del PND “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad” que el gobierno nacional presentó a la sociedad colombiana y que constituye el punto de partida del proceso de discusión, ajustes, debate y aprobación por el Congreso de la República, a más tardar la segunda semana de mayo de 2019.

Al interior del cooperativismo y de las empresas de economía solidaria -fondos de empleados y asociaciones mutuales-, se esperaba que el PND incorporara, desde el proyecto presentado por el gobierno, las propuestas sectoriales, toda vez que el Presidente Duque había insistido en diferentes escenarios públicos sobre su reconocimiento al sector y el especial interés en su promoción, fomento y desarrollo.

El PND ha sido estructurado sobre la base de un gran Pacto por la Equidad, el Emprendimiento y la Legalidad, el cual se desarrolla a través de 12 Pactos transversales y 9 Pactos Regionales.

Lo esperado por el sector de la economía solidaria y cooperativa era que uno de esos Pactos transversales hubiera sido un “Pacto por la Economía Solidaria y Cooperativa”, en reconocimiento al importante papel que cumplen estas organizaciones en la sociedad, desde hace casi un siglo, al crear y sostener empresas que auto-gestionan el desarrollo integral de las comunidades, a su importancia en la reconstrucción del tejido social roto por el conflicto armado, la inequidad y la desigualdad social, a su capacidad para organizar con visión de mediano y largo plazo el desarrollo en los territorios y a la presencia de más de 7.7 millones de asociados, a través de más de 6.000 empresas de economía solidaria que atiende hoy las necesidades y aspiraciones del 51% de la población colombiana.

En síntesis, un Pacto con las empresas que gestionan “la economía de la gente”, pues “contribuyen al desarrollo económico, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa redistribución de la propiedad y del ingreso, a la racionalización de todas las actividades económicas y a la regulación de tarifas, tasas, costos y precios a favor de la comunidad y, especialmente, de las clases populares”, como lo señala el artículo 2 de la Ley 79 de 1988.

De la lectura inicial del PND apreciamos que las referencia a la economía solidaria, a las cooperativas y a los procesos asociativos solidarios son genéricas, con una mirada limitada frente al enorme potencial que tienen estas organizaciones para ofrecer desarrollo con inclusión y generar verdaderos ecosistemas socio económicos en los territorios, tal como ocurre en todo el mundo.

Más que como un modelo o una gran estrategia para la inclusión social, económica, cultural y ambiental que propende por la equidad, recogidas en ese Pacto, sentimos que este PND apenas ve a la economía solidaria y cooperativa como un mero instrumento utilitario para desarrollar algunos de sus programas, cuando pudiera impulsar esta forma diferente de hacer economía, igualmente próspera y con profundo arraigo social, económico y cultural.

El debate apenas empieza, serán casi 5 meses de análisis, deliberación, debate público, conceptualización y aporte en el cual estaremos insistiendo ante el propio gobierno, y ante el Congreso de la República en que tanto en las Bases del PND 20118 – 2022, como es su componente normativo se vea reflejada una política pública de Estado, de carácter transversal a la economía (hoy actuamos en 25 sectores económicos, pero con una política integral, podríamos avanzar en el mediano plazo en otros 19 sectores, incluidos los relacionados con la nueva economía, el trabajo decente, el emprendimiento, la formalización empresarial, entre otros).

Contamos para ello con el apoyo de la Bancada Parlamentaria Cooperativista que se constituyó en el Congreso de la República, que ha tenido a la fecha 3 reuniones de trabajo, pero sobre todo, confiamos en el respaldo del cooperativismo, para que, con unidad de propósito, unidad de criterio y unidad de acción podamos concretar en el PND estas iniciativas que están diseñadas para servirle al país, a partir de la promoción de una cultura para la prosperidad colectiva.

Carlos Ernesto Acero Sánchez
Presidente Ejecutivo Confecoop

Fuente: Confecoop